“Como primera medida, resulta relevante entrar a estudiar la naturaleza de la obligación alimentaria como una prestación económica de carácter civil que, en virtud del principio de solidaridad que rige las relaciones entre los particulares, se debe entre dos personas naturales. Ello, pues, en virtud del estado de necesidad en que una de estas se encuentra y por el vínculo jurídico que los une, la parte que se halla en capacidad de velar por el sostenimiento económico de ambos, está en la obligación de permitirle a la primera satisfacer sus necesidades básicas de manutención.[29] Se destaca que la reclamación del derecho de alimentos se constituye en una prerrogativa de carácter irrenunciable, inembargable y, a excepción de las mesadas causadas y no pagadas, intransmisible por causa de muerte.
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“La caducidad  de la acción como fenómeno jurídico implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones habida cuenta de que ha transcurrido el término que perentoriamente ha señalado la ley para ejercitar la correspondiente acción.

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“10.- El artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo define los actos definitivos como aquellos que “(…) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.

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“¿Cuándo dos trabajadores desarrollan un trabajo igual, la mayor formación académica de uno de ellos justificará por si misma una mejor retribución para él?

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“El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:
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“La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró un capítulo a la forma cómo se deben publicar, comunicar y notificar los actos administrativos de la administración. Es así como en el artículo 65, se dispone para el efecto lo siguiente:

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Régimen de responsabilidad derivado de la actividad médica por falla del servicio. Conceptos de falla presunta y falla probada.
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“Con relación a la responsabilidad del Estado[1] la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”[2] erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados[3] y de su patrimonio[4], sin distinguir su condición, situación e interés[5]. Como bien se sostiene en la doctrina,
 
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