La Constitución Política de 1991 declaró, como fundamento esencial del sistema jurídico en el Estado Social de Derecho, el respeto a la dignidad de la persona y la intangibilidad y efectividad de sus derechos.

 

La Carta consagró, por tanto, uno de los más avanzados estatutos al respecto, y formuló de manera precisa  los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos políticos, los derechos colectivos.

 

Igualmente, con miras a hacer efectivos esos derechos –de modo que no quedaran en la pura teoría- fueron contempladas varias acciones judiciales, de las cuales son titulares los gobernados: fueron reproducidas en el nuevo texto  la acción pública de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad  –que venían  desde el Acto Legislativo 3 de 1910-; se conservó la figura del Habeas Corpus, se plasmó la del Habeas Data y se crearon la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares, las acciones de grupo, así como la aplicación inmediata y directa de los derechos fundamentales (Art. 85 C.P.), con el fin de evitar que el reconocimiento de ellos se hiciera depender de la reglamentación legal.

 

A todo esto se refiere la obra colectiva que acaban de publicar la Editorial Ibáñez y el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional: “Mecanismos de protección constitucional. Compilación normativa”, en donde se adelanta un pormenorizado estudio acerca de los preceptos constitucionales que consagran los medios procesales de protección de los derechos, su desarrollo legislativo y la jurisprudencia relevante, sentada desde 1992 por la Corte Constitucional.

 

Son coautores de este libro: el ex presidente de la Corte Constitucional y actual Rector de la Universidad del Sinú en Bogotá, y director de LA VOZ DEL DERECHO, José Gregorio Hernández Galindo; la presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, profesora Ana Giacomette Ferrer, directora académica de la publicación, y los abogados Sonia Esperanza Segura, Carlos Escobar, Miguel Polo, Carolina Rodríguez, Julio César Montañez y Carlos Perdomo. El prólogo es del profesor argentino  Osvaldo A. Gozaíni.

 

Como dice la presentación de la obra, ante la proliferación de leyes estatutarias y orgánicas en Colombia sobre el particular, ella procura reunir de manera sistemática y actualizada los elementos normativos existentes acerca de los mecanismos de protección de los derechos, plasmados en la Constitución, cuya solidez dogmática tiene su soporte en la jurisprudencia oportuna y significativa, que pretende cifrar una tendencia o crear un derecho.