Jurisprudencia (329)

Las entidades tienen la obligación de brindar la protección requerida a los afiliados sin importar si los procedimientos ordenados se encuentran o no dentro del Plan Obligatorio de Salud.

 

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Se ampara el derecho al trabajo, en conexidad con el mínimo vital de dos trabajadoras sexuales de la Taberna Barlovento, ubicado en el Municipio de Chinácota en el Departamento de Norte de Santander.
 
Desde la Sentencia T-629 del año 2010, considerada como el primer precedente de protección al trabajo sexual, quedó establecido como falta de garantías laborales,  el privar a los trabajadores sexuales de sus derechos fundamentales, aun cuando este se haga por cuenta ajena en un establecimiento de comercio y no de forma autónoma. 
 

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El Consejo de Estado le ordena a la Procuraduría General de la Nación, abstenerse de realizar la evaluación del desempeño laboral a quienes participaron y ganaron el concurso para proveer cargos en dicha entidad y que están en periodo de prueba. Según el demandante "no existe una reglamentación en la entidad que establezca cuáles son los aspectos que deben ser calificados, cuál debe ser el método de evaluación y con cuáles recursos cuentan las personas para controvertir la calificación que se le dé al desempeño de sus funciones". 

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“La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 para los educadores de enseñanza primaria que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observado buena conducta, y que no posean bienes de fortuna. Esta prestación es compatible con la pensión de jubilación de carácter municipal, departamental, intendencial y Distrital.  De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional”. 

 

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