Desde el punto de vista jurídico -en especial cuando hablamos de la Constitución y cuando se trata del ejercicio de las funciones públicas de mayor trascendencia- es fundamental la precisión en el uso de los términos y en la alusión al contenido material de las reglas establecidas.

Las altas corporaciones de justicia son autónomas e independientes -no “soberanas”, como dijo algún magistrado, toda vez que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, como lo proclama la Constitución-, lo cual significa que ninguna otra rama u órgano puede invadir la órbita que, dentro de sus jurisdicciones y competencias, corresponde a cada una. No deben ser presionadas para que decidan en determinado sentido, bien sea en un asunto propiamente judicial o administrativo.

La democracia, como institución, permite que el pueblo convertido en soberano, haga su voluntad eligiendo a sus representantes, para que se dediquen a gobernar, con el debido cumplimento de la constitución y la ley, sobre la cual juraron respetar y obedecer cuanto tomaron posesión de sus cargos. 

El pasado 8 de febrero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer una solicitud formal de intervención presentada por parte de Nicaragua con relación  a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre del 2023: el texto del comunicado oficial de la CIJ puede ser consultado en este enlace en francés y en inglés.