En ese sistema, los procesos electorales se adelantan para escoger a los representantes del pueblo, quienes habrán de ejercer el poder que se les confiere dentro de límites y reglas previamente establecidas en el respectivo estatuto constitucional, con miras al ejercicio de las funciones estatales.

A los ciudadanos -como lo prevé nuestra Constitución- se les garantiza tanto el derecho de elegir como el de ser elegidos. Todos, en igualdad de condiciones, en ejercicio de la soberanía, gozan de la libertad de tomar parte en elecciones y mecanismos de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas. En paz y en mutuo  respeto, sin perjuicio de las diferencias ideológicas.

En una genuina democracia, el ciudadano vota a favor de aquellos que, en su sentir, tienen las calidades, preparación y voluntad de prestar un servicio a la sociedad desde los cargos a los que aspiran. Sobre la base del conocimiento público de sus ideas, propuestas y programas. El sufragio se garantiza con sentido positivo y se debe poder ejercer con plena libertad. Se vota “por” alguien para cierto cargo, no “contra” otras personas, como equivocadamente proclaman algunos, en una deformación de la democracia.

Según señala el artículo 122 de la Carta Política, los elegidos no pueden entrar a ejercer sus cargos sin prestar juramento de cumplir y defender las disposiciones constitucionales y desempeñar los deberes que les incumben. Subrayamos: “…los deberes que les incumben”. Así, por ejemplo, los miembros del Congreso son elegidos y se comprometen, bajo la gravedad del juramento, para legislar y para ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. No para deshacer el quórum, bloquear las sesiones e impedir que los proyectos de ley sean tramitados, discutidos y votados; ni para arrojar a la basura los símbolos de grupos y organizaciones humanitarias; ni para visitar países extranjeros, en busca de medidas, declaraciones y decisiones contra Colombia; ni para ofender y calumniar a otros funcionarios mediante mensajes y videos en cuentas y redes sociales.

Lo que se ha visto en los últimos años en el ejercicio de la actividad pública y en las proclamas de dirigentes y líderes partidistas, es totalmente lo contrario del ejercicio adecuado y serio de los aludidos derechos y deberes. La polarización ha llegado a extremos inconcebibles, desviando por completo las funciones estatales y desfigurando conceptos democráticos de crítica y oposición, perjudicando a los colombianos en materias tan delicadas como la salud, la educación y el trabajo.

El lenguaje político no debería ser de odio ni de violencia. Pero una senadora insulta públicamente a un periodista porque no piensa como ella. Una reina de belleza y precandidatos presidenciales -que confunden la libertad de expresión con los mensajes violentos- difunden videos en que, a falta de ideas y programas, invitan al uso de balas y disparos contra determinadas personas, por razones de diferencias políticas.

Piensen, señores dirigentes: la política es para el bien y la mejora de la sociedad, no para estimular el odio, la violencia y el crimen.