En treinta y cinco años de vigencia -que se cumplen el próximo 7 de julio-, la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente -convocada por el pueblo- ha sido reformada mediante sesenta y cuatro actos legislativos, propuestos por distintos gobiernos, casi siempre por razones coyunturales y sin mayor sustento. Varias de las reformas han sido modificadas y vueltas a modificar, generando inestabilidad jurídica.

La Constitución se ha venido flexibilizando en exceso y ello no solamente la ha debilitado, sino que ha incidido en las fluctuaciones de la jurisprudencia.

Como lo hemos escrito, sin que se llegue a una rigidez absoluta que impida toda revisión de los preceptos constitucionales, los principios esenciales del ordenamiento -como la democracia, la participación, las garantías, la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común y el Estado Social de Derecho- deben ser preservados. Lo razonable, en cuanto a reformas constitucionales, radica en establecer  su verdadera necesidad y los motivos que llevan a proponerlas, teniendo en cuenta una elemental coherencia con el conjunto normativo, la indispensable estabilidad del sistema jurídico.

En consecuencia, me parece bien que el Ejecutivo haya resuelto archivar el proyecto de convocatoria a una constituyente y, en su lugar, hacer un llamado al respaldo, e respeto y el acatamiento a la Constitución, hoy amenazada por una de las candidaturas presidenciales. Como lo señalábamos en columna anterior, lo que se requiere, más que seguir reformando la Constitución es su permanente, real y efectiva observancia.

Ahora bien, si no estuve de acuerdo con la aludida convocatoria, menos todavía estoy de acuerdo con varias de las propuestas que se han venido formulando en campaña, como la restricción a los derechos fundamentales de los trabajadores, la disminución del salario mínimo, la dolarización de la economía, la afectación del medio ambiente por mecanismos como el fracking, la aprobación y el respaldo de Colombia al genocidio que se comete en Gaza, la supresión indiscriminada y caprichosa de organismos y entidades públicas, la eliminación de la JEP, entre otras.

En cambio, estimo necesario que la ciudadanía reciba plena información sobre los planes, programas y proyectos de los candidatos. Los debates serios, razonados y respetuosos han brillado por su ausencia. Faltando pocos días para la segunda vuelta en la elección presidencial, debería llevarse a cabo al menos un debate público, con argumentos y fundamentos. Deben cesar los ataques, las calumnias, las ofensas y las amenazas, así como la apelación a redes e inteligencia artificial para demeritar a otro aspirante. Tampoco es correcta la intervención de servidores públicos en las campañas políticas.