En el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se expresa sobre los derechos políticos: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y c) de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país”.
Dice la Corte Constitucional: “El derecho al voto es el principal mecanismo de participación ciudadana. Desde este punto de vista, las normas constitucionales que facultan a los ciudadanos para ejercer el sufragio obligan correlativamente a las autoridades electorales a hacer posible el ejercicio de tal derecho, que halla su opuesto en el no-derecho de los demás -particulares y autoridades-, a impedirles que lo hagan con entera libertad”. (Sentencia C-337 de 1997)
Al momento de escribir esta columna, que aludía a la necesidad del diálogo, la concertación, el intercambio respetuoso de ideas y criterios y al buen trato -con miras a la convivencia en una democracia participativa-, he tenido que ir a otro asunto, de la mayor trascendencia.
Veo, en los medios de comunicación, que un concejal sugiere públicamente al próximo gobierno nacional el bombardeo de las zonas en donde fue mayoritaria la votación por un candidato que no era de sus preferencias.
Una excelente abogada y columnista -la doctora Ana Bejarano- escribió al respecto: “Está es la solicitud expresa para que se cometan crímenes de guerra”. Comparto plenamente su apreciación. Pero, además, cabe preguntar: ¿Qué harán la Fiscalía General, la Procuraduría General, los gobiernos nacional y distrital y los jueces?
Dice el artículo 40 de la Constitución que todo ciudadano tiene derecho -esencial y básico en la democracia- a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y estipula que, para hacer efectivo este derecho, todo ciudadano o ciudadana puede elegir y ser elegido o elegida y tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
Sin esa garantía, no se puede hablar de democracia. Ni de derechos, ni de dignidad, ni de libertades. Solamente de violencia, imperio ideológico y arbitrariedad.
Me pregunto, como lo acabo de exponer en una conferencia académica –no política- lo siguiente: “¿Se acabó la democracia en Colombia? ¿Ya no rige el Derecho? ¿En adelante, no se respetará la vida, ni tampoco la libertad de todo ciudadano, al optar por una u otra tendencia política? ¿No existen ya los Derechos Humanos? ¿Se puede invitar -impunemente- a matar por el sentido de la votación mayoritaria, en cualquier sentido?
Esto es importante, no por el nivel de quien propuso el absurdo ataque, sino en cuanto su aceptación o rechazo por parte del nuevo presidente, quien dirigirá a la Fuerza Pública.
