No olvidemos que, en plena pandemia, varios niños fueron violados y asesinados en distintos lugares del territorio nacional; que una niña de escasos cuatro años desapareció y nunca supimos  si murió o no, aunque su padrastro dijo haberla arrojado a un río; que la violencia en el interior de las familias se extiende sin cesar; que, en desarrollo de la llamada “violencia vicaria”, adultos desadaptados y desalmados son capaces de torturar y hasta de matar a los niños (sus propios hijos), con el solo propósito de mortificar a sus parejas; que familiares de un menor lo sacrificaron en desarrollo de un rito satánico; que hace pocos días fue secuestrado un niño de cinco años, afortunadamente rescatado por las autoridades; que una mujer, con su niño en brazos, fue esposada, golpeada y expulsada de la empresa ante la cual no hacía nada distinto de reclamar sus prestaciones sociales; que se cuentan por miles los casos de acoso sexual y violencia contra menores, en los hogares, en escuelas, en colegios, en iglesias, y hasta en sedes del ICBF; que muchos niños mueren de hambre; que las organizaciones delictivas reclutan a los menores, y que, en muchos casos, han caído en bombardeos oficiales, por ser considerados “máquinas de guerra”; que los corruptos usan, para su propio e ilícito beneficio, los programas de alimentación escolar; que numerosos niños carecen de toda posibilidad de educación, de atención a su salud, de una vivienda digna; que, en nuestras ciudades, pululan los niños llevados a la mendicidad; que los niños son las principales víctimas de la pólvora que irresponsables queman en Navidad y Año Nuevo. 

Pero, por otro lado, en Colombia se presentan proyectos de ley que desprotegen a los niños. Por ejemplo, se legalizará la distribución y venta de marihuana “recreativa”, y los traficantes harán todo por conseguir nuevos adictos, siendo las escuelas y colegios su ámbito favorito para tal efecto. 

Otro proyecto quiere que, so pretexto de educación sexual, los niños maduren prematuramente y que sus padres y familias no sean quienes los eduquen en la materia, según sus propias convicciones y principios, aunque el artículo 42 de la Carta dice que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y que “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.  

El artículo 44 dispone que los niños serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, y contra el abuso sexual, entre otros peligros.  

A nuestro juicio, el Estado colombiano se encuentra en déficit en materia de protección, amparo y defensa de la niñez. Y ello, tanto desde el punto de vista legislativo como en el judicial y administrativo. Se debe prever, diseñar y aplicar una política orientada a la protección real y efectiva de los niños, y los organismos que tienen a su cargo funciones al respecto no deben hacer prevalecer supuestos derechos de los mayores sobre los de los menores, ni ponerlos en peligro. Así, por ejemplo, no puede ser autorizado a ejercer la custodia -como ocurrió con el niño asesinado por su padre en Melgar- si hay antecedentes de violencia intrafamiliar. 

Y el legislador no debe -contra la Constitución y los tratados internacionales- promover iniciativas que conspiren contra las garantías esenciales, ni despojar a los padres de familia de las indicadas funciones y derechos, siempre y cuando no sean ellos mismos quienes -como también acontece- constituyan amenaza para los menores en materia de violencia y abuso.

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