El colombiano es un Estado Social de Derecho, democrático y garantista, que proclama el respeto a los derechos humanos y procura la realización de un orden justo e igualitario.

Los servidores públicos -inclusive los de más alto rango- están sometidos a los preceptos constitucionales y a las leyes. Es lo propio de una democracia y de un Estado Social de Derecho. Por ello, el artículo 122 de la Constitución estipula: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. En el caso del presidente de la República, el juramento que debe prestar ante el Congreso -al tomar posesión del cargo- se encuentra señalado textual y literalmente en la norma constitucional: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia" (Artículo 192).

La función pública, en un Estado democrático, no está al servicio de los intereses particulares, familiares ni políticos de quienes la ejercen. Está al servicio del pueblo -titular de la soberanía- y del bien general, dentro de las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes.

Un estatuto antiterrorista debe ser prioridad para Colombia. Tras décadas de terror, narcotráfico y violencia, el país no puede resignarse a convivir con quienes destruyen vidas, desplazan comunidades y someten a la sociedad con las armas. ¿Hasta cuándo pagará la gente honrada la factura de quienes viven del miedo?

En una democracia, el derecho fundamental a la información, en cabeza de toda persona, comprende tanto la posibilidad real y efectiva de difundir informaciones como la de recibirlas, con las características de su veracidad e imparcialidad.

Por razones políticas, ideológicas, por odio, por venganza o por retaliación, o en búsqueda de fama, se está convirtiendo en conducta permanente la de acudir a entrevistas en medios de comunicación o publicar mensajes en redes sociales, con el único objeto de desprestigiar a personas, sindicándolas -a ellas o a sus familiares- de haber incurrido en delitos, en hechos de corrupción o en complicidad con delincuentes.

Mensaje del médico Gilberto Triana Molina. Recuerde encontrar nuestros audios en Spotify, Ivoox, Apple Podcast y nuestra página web www.lavozdelderecho.com

Han venido aumentando, en todo el mundo, las marchas de protesta. Las hemos visto en distintas ciudades francesas, especialmente en París, reclamando apoyo y mayores recursos para el sistema educativo. A los estudiantes universitarios y de secundaria se han unido padres de familia, profesores y hasta directivos de instituciones educativas.

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue conferido a la abogada sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera magistrada de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Desde 2021 hasta 2025, la doctora Pillay presidió la Comisión Especial de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo propósito esencial consistió en examinar las causas del conflicto existente entre Israel y Palestina.

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