Como expresaron, en sus comunicados, los presidentes de los altos tribunales de justicia, los partidos políticos y la Iglesia Católica, no solamente se atentó contra el congresista sino contra la democracia y la institucionalidad; contra toda la Nación. En Colombia no puede continuar la violencia, ni podemos permitir que sigan en su nefasta actividad los autores y determinadores de crímenes y magnicidios.

Es imperativo que se adelanten de manera oportuna y completa las investigaciones a que haya lugar, con miras a establecer, además de la autoría material, quiénes son los autores intelectuales que están detrás del sicario. No puede haber impunidad. Y es urgente que se adopten medidas de protección a todos los aspirantes y candidatos.

Pero hay algo mucho más de fondo, en lo cual tenemos la obligación de reflexionar: ¿La manera como se está conduciendo la actividad pública -particularmente por parte del Gobierno y la oposición- es la más indicada para el adecuado equilibrio y el logro de los objetivos de beneficio general?

La política, la controversia ideológica, los debates entre gobernantes y opositores deben tener lugar de manera civilizada y dentro de la libertad, el orden y el respeto. No puede seguir siendo estimulada una absurda espiral de odio, agresión y violencia verbal y escrita, en las calles, en los medios y en las redes sociales, como lo hemos visto precisamente en estos días, cuando, en vez de la natural solidaridad con la víctima del atentado y su familia, se ha preferido aprovechar el criminal acto con finalidades políticas y de mayor polarización.

La intolerancia es tal que hasta una periodista que, en ejercicio de su función, se limitaba a transmitir desde la clínica en donde está recluido Uribe, fue injustificadamente agredida, insultada y ofendida, todo por razón del medio en que labora.

El Gobierno Nacional -comenzando por el presidente de la República-, los miembros del Congreso, los gobernadores y alcaldes, los funcionarios en todos los niveles, los dirigentes, los partidos, las religiones, los medios y periodistas, así como los usuarios de las modernas tecnologías de la comunicación y la ciudadanía, con independencia de nuestra libre opción y de las convicciones y orientaciones ideológicas o políticas,  debemos entender que la insensata y dañina polarización política, la irracionalidad y las mutuas agresiones -que han sido constantes y crecientes en los últimos años- no constituyen nada diferente de una incivilizada tendencia que genera enormes daños a la colectividad y que está haciendo imposibles la democracia, la legalidad, el orden y la paz.

¿Por qué no se puede adelantar la controversia política de manera franca pero pacífica, leal, inteligente y respetuosa, sin intolerancia, odio, insulto, calumnias ni violencia?