Opinion (2374)

La calamidad pública generada en el mundo entero por la irrupción y expansión del denominado coronavirus o COVID19, calificado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia -que al momento de escribir estas líneas se extiende peligrosamente y frente al cual los gobernantes de distintos países reaccionaron demasiado tarde, con medidas improvisadas que no pudieron contener  su propagación, ni el aumento exponencial de los contagios y las muertes de miles de personas-  condujo en Colombia a la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del Presidente de la República Iván Duque (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), y a la adopción de numerosas medidas mediante decretos legislativos.

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Antes de la pandemia, los consumidores de cocaína en US y Europa la disfrutaban por placer, por recreación. Ahora la deben estar usando como alivio. Porque, a pesar de la crisis, el narcotráfico persiste en medio de sus actuales dificultades de transporte, distribución y entrega, esta última a través de tecnologías disponibles, redes y domicilios. En Colombia, principal proveedor de cocaína en el mundo, no sobra recordarlo, la violencia y la corrupción, colateralidades fundamentales de este comercio, no paran. Mientras la cuarentena se promueve y en gran parte se cumple en las ciudades, en el campo los cultivos, cocinas, laboratorios y tránsito continúan imparables y persisten los asesinatos de personas vinculadas a las buenas o a las malas al negocio. Y la adquisición sin mayor control de elementos urgentes y necesarios para lidiar con la peste, abre el apetito de la corrupción y la oportunidad para el lavado dinero.  La violencia se vislumbra como una confluencia de urgencias alimentarias, sanitarias y de seguridad con las provisiones que facilitan el narco y microtráfico en barriadas, favelas, villas miseria, comunas y periferias citadinas pobres. Un nuevo ejemplo lo vimos hace pocos días en el municipio de Bello en donde, contra todo sentido común, recomendación y orden, una multitud sin mascarillas, abigarrada y con disparos al aire, acompañó el féretro de alias “Oso” uno de los cabecillas de la banda “Niquía-Camacol”. Alias “Marcola”, encarcelado capo del Primer Comando Capital del Brasil, en una polémica entrevista de 2016, describe un futuro casi surrealista: “Nosotros somos una empresa moderna, rica. (…) Ustedes son el estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa.  Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en “superstars” del crimen Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las comunas, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. (…) Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos “globales”. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros “clientes”. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos”.

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Este 8 de abril del 2020, Estados Unidos registró en tan solo 24 horas 1939 muertes debido al coronavirus (véase nota de prensa de Ouest France). En esta nota matutina norteamericana del mismo 8, se mencionaba a más de 1850 muertes: véase nota de prensa del Washingthon Post. Eran 865 las muertes registradas en 24 horas debido al coronavirus COVID-19 el 1ero de abril (véase nota de prensa de Sudinfo- Bélgica). El pasado 3 de abril, se reportó que murieron más de 1000 personas en Estados Unidos en 24 horas, elevando la cifra total a más de 6000 muertes (véase nota del Washington Post). Tal y como se puede apreciar, el ascenso es vertiginoso en estos primeros días del mes de abril en Estados Unidos.

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Por mandato constitucional, la protección de los derechos e intereses colectivos, tiene en el artículo 88 superior establecido el deber legal de protección; las acciones populares y de grupo, encuentran regulado su procedimiento en la Ley 472 DE 1998.

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