Cabe considerar un punto que, no sin extrañeza,  hemos visto incluido en los proyectos de reforma a la justicia hasta ahora presentados, incluido el del Gobierno: el relativo a un deliberado propósito de restringir, limitar y hacer inane la acción de tutela, introducida con fortuna en la Carta Política por la Asamblea Constituyente de 1991 y desarrollada por la abundante doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional.  De paso, quiero resaltar que en los foros internacionales sobre justicia –acabo de participar en uno, llevado a cabo en México-, tanto nuestra regla básica sobre acción de tutela (Art. 86 C.P.) como su desarrollo jurisprudencial son materia de elogio, estudio y análisis por juristas de distintas nacionalidades.

Un vicio, infortunadamente arraigado en quienes se ocupan de prescribir las reformas cuando algo viene fallando, o cuando se quiere atacar un determinado problema, consiste en aconsejar cambios sobre asuntos que no guardan relación alguna con aquello que se necesita solucionar. En materia legislativa, al expedir la ley, muchas veces no se tiene la perspectiva de una norma general y abstracta –como es su naturaleza-, sino que se procede, de manera improvisada, a partir de un caso específico. Y consagramos normas y más normas, sin importar si son o no coherentes con las vigentes, ni si en verdad su aplicación tendrá utilidad con miras a lograr el propósito regulador que le es propio.

Hablábamos hace unos días de la creciente violencia desatada contra los niños. Violencia física. Violencia moral. Violencia sexual. Muchos casos no denunciados. Falta de solidaridad. Impunidad y gran indolencia de muchas autoridades.