Se abre paso en nuestros países una práctica nefasta para el sistema democrático, que con cualquier pretexto, ciudadanos elegidos popularmente sean despojados de sus derechos políticos por decisión de funcionarios administrativos y sin haber sido condenados penalmente. El caso de María Corina Machado en Venezuela, es la última muestra de esta peligrosa tendencia. Ha sido destituida de su cargo como diputada de la Asamblea Nacional para el cual había sido elegida por el pueblo por la determinación, sin fórmula de juicio, adoptada por el Presidente de la misma Asamblea. Éste anuncio además que puede ser inmediatamente detenida porque ha perdido también la inmunidad que le garantiza la Constitución y el funcionario invoca la Constitución, cuando palmariamente la está violando. Se frustra de esa manera arbitraria la decisión del pueblo y todavía decimos los profesores de teoría del estado que la democracia es el gobierno del pueblo, cuando en la práctica, amparándose en una constitución democrática, quienes tienen en sus manos el poder efectivo dejan sin efecto las decisiones populares. Por eso la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- establece en su artículo 23 que en cuanto a los elegidos popularmente, la Ley no podrá establecer privación de sus derechos políticos sino por delitos y por determinación de autoridades  judiciales. Pero si María Corina llegara a obtener medidas cautelares, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo probable es que Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo de Juan Manuel Santos, las desacate.

El ejercicio de la actividad periodística combinada con el Derecho Público comporta la crítica. No necesariamente negativa o destructiva, pero en un país en el que  diariamente los órganos y ramas del poder público -gobierno, legisladores, jueces, magistrados,  procurador, por ejemplo- han resuelto llevarse de calle la Constitución, las leyes, la jurisprudencia,  los Tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad y los derechos de los ciudadanos, y en que la delincuencia en todas sus expresiones usa el Derecho a su acomodo para conseguir beneficios y prebendas,  no se puede escribir una columna, ni hablar en un programa radial sin perplejidad ante los adefesios y sin asomo de crítica. Nuestro talante y nuestras convicciones democráticas nos lo impiden.

No obstante, ante algunas amenazas de cuya seriedad no estoy seguro, he prometido a mi familia, si no eliminar por completo mi sentido crítico, al menos disminuir la intensidad de mis comentarios, en particular los orientados a meter mis dedos en llagas que, según mis allegados, “no me corresponden”,  “no me importan”, y “ni me van ni me vienen”.

Desde luego, no estoy de acuerdo con ese egoísta enfoque, porque considero que, en mi condición de ciudadano, de abogado, de profesor universitario y de analista de la realidad colombiana, lo que pasa en el país, en cuanto tiene que ver con el Derecho Público, no me puede ser indiferente, Y, más todavía, tengo la obligación de decir las cosas en la medida en que las vea, y me será imposible quedarme callado ante ciertas manifestaciones del abuso del poder y de la tendencia actual a manipular el Derecho en beneficio de intereses menores, con enorme sacrificio de los valores y principios democráticos.

Pero al fin y al cabo, no soy depositario de la verdad revelada, y seguramente me habré equivocado muchas veces. Por ejemplo, todo el mundo me dice que la reelección presidencial es buena, o que lo ocurrido en el llamado “caso Petro” ha sido, al contrario de mi opinión, la más clara expresión de juridicidad y la mejor muestra de que nuestras instituciones, nuestro procurador, nuestros tribunales y nuestro presidente conocen y aplican el Derecho libres de presiones e intereses mezquinos, compromisos familiares, propósitos electorales, impedimentos morales o simple ignorancia. Que cometí un error al escribir que el doctor Santos quiere aprovechar la arbitraria destitución del Alcalde para reencaucharse electoralmente en Bogotá, y que por el contrario, al desacatar las medidas cautelares de la CIDH, ha obrado con espíritu generoso y en aras del bienestar colectivo, para que los derechos políticos prevalezcan y se observe siempre el debido proceso. Que el procurador no es abusivo y que está muy lejos de pretender la destrucción de sus contradictores ideológicos o religiosos; que su único propósito era una ciudad limpia y que sus antiguos colegas, los consejeros de Estado, cuyos familiares trabajan en la Procuraduría, se pusieron una venda en los ojos y actuaron imparcialmente. Todo eso me han dicho.

No me han convencido, pero como promesa es promesa, me voy a morder los labios para no decir siempre lo que pienso –me será muy difícil-  y me propongo dedicar mis últimos años a mi primer nieto, que me tiene completamente embrujado, y que, según me parece por sus características, será un personaje de la mayor importancia en el país. Año y medio. Recuerden su nombre: Matías José Hernández Rengifo. Despierto e inteligente, ocupará mis horas de descanso, para que no tenga el abuelo mucho tiempo de criticar.

Pero me conozco, y aquí entre nosotros, amables lectores, les confieso que no estoy seguro de que esta renuncia a la crítica sea absoluta. Es una renuncia a medias.