El imperio de la legalidad y la transparencia son garantías de primer orden para la supervivencia de una sociedad civilizada. Infortunadamente, a lo largo de nuestra historia, particularmente en los últimos años, esos valores -aunque proclamados en la Constitución y las leyes- han sido transgredidos y las transgresiones han quedado impunes en la mayor parte de los casos.

Con independencia de lo que resuelva la administración de justicia en relación con las denuncias públicas de un exfuncionario que quiere acogerse al principio de oportunidad y señala a congresistas como receptores de dineros ilícitos, cabe una profunda reflexión institucional.

El pasado 30 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer su decisión con relación a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania (véase texto como tal de la demanda de Nicaragua en francés y en inglés  del 1ero de marzo, y que incluye además, la solicitud de medidas provisionales). 

El principio de unidad de materia, al que se somete la función legislativa del Congreso, está previsto en las normas superiores de manera perentoria y su vulneración ha dado lugar a varias sentencias de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional.