Si alguna enseñanza deja el capítulo de la operación “Jaque” -enseñanza que se ha debido aprender desde el conflicto internacional surgido por causa del operativo que culminó con la muerte de Raúl Reyes- consiste en que, a diferencia de los delincuentes (que no vacilan en utilizar cuanto medio esté a su alcance, generalmente ilícito, para alcanzar sus perversos objtivos), el Estado debe lograr sus propósitos -que se confunden con los fines proiritarios de la sociedad- sometiéndose a principios.
Así, por loable que sea la finalidad buscada, el Gobierno debe convencerse de que los resultados exitosos de sus acciones no legitiman los instrumentos usados para conseguir el éxito. El Estado debe someter su actividad a unas reglas, de orden constitucional, legal, internacional, ético, que no le permiten igualarse, en comportamientos, con aquéllos a quienes combate. De modo que si la guerrilla no tiene inconveniente en irrespetar durante sus acciones criminales los símbolos de las organizaciones internacionales humanitarias, el Estado, aun en operaciones con objetivo humanitario -como la operación “Jaque”- está obligado al respeto permanente y escrupuloso de esos símbolos. No puede usarlos como quiera y sin autorización. Y si la guerrilla no vacila en invadir territorio extranjero, el Estado no puede planificar y ejecutar una operación militar en territorio de un país vecino sin su previo permiso.
El Estado no puede legitimar los actos indebidos a partir del éxito, por cuanto entonces sacrifica su propia ética. Se comporta por fuera de los principios que lo obligan, y se equipara a los delincuentes. Por ello, es sano el debate actual sobre la operación “Jaque”. Una operación cuya perfección se frustró por no respetar los principios.