Aparte de lo que se piense acerca del régimen imperante en Venezuela y sobre Nicolás Maduro -que tampoco responden a los postulados de la democracia-, lo cierto es que los bombardeos del 3 de enero sobre Caracas y la instauración de un dominio norteamericano, más que afectar al gobernante y su familia, implicó una flagrante violación del Derecho Internacional y un ataque a Venezuela y a los venezolanos. Se ha anunciado algo similar en el caso de Colombia, México y otros países, en total e inaceptable ruptura de los principios esenciales de la libertad y la soberanía.

Donald Trump ha venido diciendo que el Derecho Internacional y, en general, el Derecho y la democracia lo tienen sin cuidado, porque lo importante es su voluntad y la satisfacción de su omnímoda voluntad.

Respecto a sus pretensiones sobre la toma abusiva de Groenlandia, en las últimas horas ha proclamado: “No vamos a pagar nada por Groenlandia, vamos a tener acceso total a ella para siempre, vamos a tener todo el acceso militar que queramos y poder poner allí lo que queramos, y no vamos a pagar nada".

Parece que, según el equivocado criterio del jefe de Estado norteamericano, la fuerza de las armas debe imperar y prevalece sobre toda norma constitucional, legal o internacional. La superioridad de la fuerza y la violencia sobre el Derecho y la racionalidad. Un enorme retroceso, que los demócratas no podemos consentir.

En el interior de Estados Unidos, sobre los derechos humanos prevalece la violencia del ICE, sigla que corresponde al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), agencia gubernamental que se creó para cumplir las leyes de inmigración y seguridad fronteriza, pero que ahora se dedica a ejercer violencia sobre los transeúntes, las familias, los jóvenes y los niños, caprichosamente señalados como migrantes.

El mundo entero se ha rebelado centra el ICE cuando, durante un operativo en Minnesota, ha secuestrado a un niño ecuatoriano de cinco años, con el objeto de capturar a su padre, contra quien no existe ningún proceso judicial por delitos. Varios niños más han sido víctimas de similares comportamientos, sin duda abusivos y delictivos. Desconocieron la dignidad, la libertad y los derechos esenciales y prevalentes de los menores de edad.

Los gobernantes de países supuestamente democráticos, aunque hayan obtenido muchos votos en las elecciones, están sometidos a la Constitución y a las leyes, independientemente de su voluntad, gustos y deleites. Y deben responder cuando vulneran o incumplen las normas. El Estado, por su parte, contrae compromisos ante el Derecho Internacional y debe responder si infringe tratados o convenciones internacionales.

Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, después de tantas luchas y logros de la humanidad, estemos retrocediendo hacia el imperio de la fuerza, las armas y los caprichos del poderoso.