Durante meses, la opinión pública ha conocido denuncias, investigaciones periodísticas y la divulgación de audios y chats que, según se ha informado, la vincularían con presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública. Antes ya había enfrentado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de formación académica para acceder a un alto cargo en el Gobierno. 

Sin embargo, mientras aumentan los interrogantes, desde la Casa de Nariño la respuesta parece ser siempre la misma: silencio.

Lo verdaderamente preocupante no es solo la controversia que rodea a Juliana. Lo preocupante es el mensaje político que se envía cuando, pese a la gravedad de las denuncias públicas, continúa ejerciendo como representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

La lucha contra la corrupción no puede depender del color político de quien resulte señalado, pues la coherencia es la primera condición de la credibilidad.

Los audios, chats y demás elementos conocidos públicamente deben ser verificados por las autoridades, porque existen razones suficientes para que los organismos competentes adelanten investigaciones. En ese sentido, el Presidente tiene una responsabilidad política ineludible: apartarla preventivamente de un cargo de representación mientras los hechos se esclarecen.

Eso no constituye una condena anticipada. Es un acto elemental de respeto por las instituciones y por la confianza ciudadana.

El Gobierno del Cambio llegó al poder prometiendo combatir la corrupción "caiga quien caiga". Esa promesa pierde fuerza cuando el silencio sustituye las explicaciones y la prudencia institucional es reemplazada por la conveniencia política.

Los ciudadanos exigen transparencia, que quienes representan al Presidente estén libres de dudas razonables o, al menos, que mientras esas dudas son investigadas no permanezcan ejerciendo funciones de representación pública.

El silencio, en política, nunca es neutral. Muchas veces termina pareciendo una forma de protección. Y cuando un Gobierno hace de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas, el silencio frente a los escándalos de sus propios funcionarios es incoherencia y complicidad. 

Porque ahora mismo la verdadera pregunta no es qué ocurrió con Juliana Guerrero. La pregunta es por qué, ante una controversia de semejante magnitud, el Gobierno sigue sin ofrecer al país las respuestas que merece.

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