No comenzó bien 2021 en Colombia, particularmente en materia de Derechos Humanos. Todos los días nos enteramos de lo acontecido en algún lugar del territorio, en donde -ya nos sabemos de memoria el estribillo de la noticia- “…hombres armados dispararon indiscriminadamente y dieron muerte a…”.  Tres, cinco, ocho, diez personas son asesinadas de manera cobarde, a mansalva y sobre seguro. Personas indefensas que mueren sin saber por qué, en un país que se declara respetuoso de tales derechos y que protesta por su violación en naciones vecinas.  

Por mandato Constitucional, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución y la ley. 

La nueva Comisión de Disciplina Judicial (CDJ) estrenó sus facultades destituyendo e inhabilitando por 10 años a un juez de Caquetá por conceder arbitrariamente casa por cárcel a un narcotraficante. En cierto sentido, la CDJ abrió un postigo por donde alumbrar la terrible pandemia de impunidad que carcome a Colombia.

La JEP ha revelado que, según sus indagaciones en el proceso conocido como “Caso 03”, no solamente fueron asesinadas por miembros del Ejército colombiano (como siempre se dijo) algo más de 2000 personas -lo cual es ya escabroso y constituye un conjunto de gravísimos crímenes de lesa humanidad-, sino que, en realidad, el número de víctimas de los mal denominados “falsos positivos” (crímenes de lesa humanidad) cometidos entre 2002 y 2008, ascendió cuando menos a 6.402. Se trataba de personas en la más completa indefensión, humildes y desprevenidas, que -atraídas engañosamente con promesas de trabajo- fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.