Este año se cumplen treinta de la aprobación, expedición y promulgación de la Constitución Política de 1991. Vale la pena que este aniversario no pase inadvertido y que, por el contrario, además del homenaje que merecen quienes fueron sus impulsores y artífices -algunos de los cuales, como los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, ya no están con nosotros-, se proceda a una labor pedagógica dirigida a las nuevas generaciones, con el objeto de hacer que conozcan el origen histórico de la Carta, el proceso que precedió a su establecimiento, su contenido, los valores y postulados en que se funda, las mutaciones que ha sufrido y las características del Estado colombiano y de nuestra democracia. Al respecto, nuestros gobernantes y autoridades no deberían olvidar que el artículo 41 de la misma Constitución dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. 

En medio de la pandemia, somos peones de la guerra de la gran prensa tarifada y “Big Techs” con sicopoder incontrolable, en donde la verdad se fragmenta y refunde en macro y micro intereses económicos y políticos, y la razón se obnubila en el torbellino de la pasión ideológica. Pero otra realidad concreta, dura y preocupante ronda en estos albores del 2021.

Colombia es un Estado social de derecho. El respeto, la dignidad humana y el bienestar y la prosperidad general y la solidaridad, son elementos esenciales, que deben estar presentes en el actuar de todos los colombianos.

Por defender la democracia no se pueden cometer actos antidemocráticos. El caso Trump/Twitter-Facebook y demás, no es para aplaudir, así nos plazca.