Una vez más reitero dos cosas:

-Que  votar NO en el plebiscito del 2 de octubre -lo que corresponde sencillamente a una de las opciones que, como derecho fundamental, tiene cada ciudadano, y a una decisión personal que se limita a responder una pregunta del Jefe del Estado- no implica, ni significa, ni puede ser entendido como que ese votante es enemigo de la paz; traidor a la Patria o contrario a los  intereses de la República, como se ha querido presentar por el Ejecutivo, por partidos políticos y por medios de comunicación.

Por el contrario, votar por el NO es una de las formas democráticas de participar, legitima la decisión  y su posibilidad real  tiene lugar como expresión de sometimiento a las reglas propias de los mecanismos de participación. No se participa en ellos –plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato- con una única opción –votar afirmativamente-, entre otras cosas porque, de entrada, eso significaría el atropello a la voluntad popular, la violación de la libertad política y la inutilidad del instrumento de consulta. ¿Para qué preguntar si la respuesta que se quiere y admite recibir es una sola, en un único sentido?

El Gobierno colombiano lo ha entendido así –de esa manera desfigurada e impropia-, y ha señalado a los partidarios del NOcomo voceros de la guerra y como una especie de subversivos, lo cual es impropio de un gobierno democrático. Además, ha roto todo principio de igualdad y los ha puesto en notoria desventaja frente a la arrolladora campaña oficial.

-Que quien esto escribe es firme partidario de lograr la paz que tanto necesita Colombia, y que considera la más indicada para ello la vía del diálogo; que apoyó desde el comienzo el proceso iniciado hace cuatro años por el Presidente Santos; que mira con buenos ojos la vinculación de los miembros de las Farc y de los otros grupos alzados en armas a la institucionalidad; que sus discrepancias han comenzado cuando al aprobar las reglas específicas aplicables a las funciones de reforma y legislativas para desarrollar los acuerdos, el Gobierno y el Congreso han violado la Constitución. Veremos lo que diga la Corte Constitucional ante las demandas incoadas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, que entrará en vigencia el 3 de octubre.

El Acuerdo firmado no se confunde con la paz, ni es la paz. Es el ejercicio de un derecho, y –como el voto por el SÍ-  debe tener lugar en paz y en libertad.