Respecto al poder político y al ejercicio de las potestades, facultades, funciones y atribuciones que de él se derivan, es necesario distinguir entre el concepto de legalidad y el de legitimidad.

La legalidad guarda relación con la observancia y respeto por las normas vigentes; se refiere a la aplicación de las reglas consignadas en el Derecho positivo tanto para el acceso al poder como para el uso y ejercicio del mismo, y para la toma de decisiones y la expedición y puesta en vigor de los actos correspondientes.

La legitimidad, en cambio, alude a la conformidad entre esos mismos conceptos, más allá de su legalidad, y el sentimiento colectivo, la convicción generalizada en la sociedad acerca de cómo y dentro de cuáles valores quiere ser gobernada, lo que conduce a la aceptación por la comunidad, de actos y decisiones, en el entendido de su ajuste al conjunto axiológico y de principios imperantes en ella.

Una norma, un mandato o una decisión puede ser legal pero ilegítima. Un gobierno puede haber llegado válidamente al poder, por la vía del voto popular en una democracia, o por haberse cumplido válidamente la sucesión en una monarquía, y ser por tanto un gobierno legal, pero puede ser ilegítimo desde el principio por haber triunfado con trampa, o caer en la ilegitimidad por sus comportamientos en el ejercicio del mando, cuando abusa del poder y rompe con los valores y principios postulados por la sociedad, o cuando traiciona la confianza en él depositada, buscando su propio beneficio y no el del pueblo, o cuando atropella los derechos y las libertades. Cuando impone arbitrariamente sus designios y caprichos, contra los principios generalmente aceptados, aunque a todo le dé apariencia de legalidad.

En el caso actual de Venezuela, es claro y evidente que el gobierno, aun habiendo sido elegido legalmente, ha perdido la legalidad porque viola la Constitución y las leyes vigentes -por ejemplo en el caso de la convocatoria e instalación inconstitucional de una Asamblea Constituyente-, y hace rato perdió legitimidad, como puede verse por el uso abusivo de la fuerza y el más descarado desconocimiento del Derecho y de los principios democráticos.