Durante los ocho años que el Ejército estuvo acuartelado, dizque preparándose para la paz, Colombia volvió a ser el mayor productor global de cocaína y el Crimen Organizado Internacional sentó reales en su suelo. La trama criminal del narcotráfico, que involucra todas las mafias del mundo y conforma una poderosa y sofisticada fuerza monetaria y política, toca todas las elites del poder económico, gubernamental y mediático del mundo.
Destruir el principal producto con que mercadea el Crimen Organizado Internacional, es una tarea que afecta la mafia mundial que provee placer y dinero a millones de norteamericanos y europeos.
Los soldados colombianos combaten contra esa Hidra riquísima, corruptora, con amigos y clientes en las altas esferas nacionales e internacionales, bien armada y equipada, violenta y que controla vastas zonas en Catatumbo, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Nuestros militares, instruidos en Derechos Humanos, enmarcan sus operaciones dentro de lo establecido en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y tienen el mandato gubernamental de privilegiar las desmovilizaciones sobre las capturas y bajas y utilizar la fuerza letal en el marco del DIH, cuando se den hechos objetivos y claramente establecidos. Y para gusto de sus enemigos, no tienen fuero.
Con esas referencias, proponer objetivos y ejercer presión para su cumplimiento, es legítimo y legal. Sin embargo, el Derecho Operacional, actualizado en el 2015, quedó en entredicho con el sistema jurídico supraconstitucional (JEP) preparado en La Habana con inconfundible sabor comunista y además, desafortunadamente, no existe una Ley de Seguridad y Defensa que armonice lo operacional, con lo legal y lo político, lo que da lugar a artículos ambiguos y desbalanceados como el del señor Casey, quien especula sobre el renacimiento de las ejecuciones extrajudiciales, vendiendo miedo y desconfianza, generando incertidumbre.
¿Qué buscan el NYT con su artículo malicioso y HRW con sus infundios contra el Mando miliar? ¿Proteger a los colombianos? ¿O hay intereses subterráneos para que nuestro Ejército merme su ofensiva y vuelva a los cuarteles, para que no dañe el negocio?
Digan lo que digan enemigos, malquerientes y oportunista, el Ejército Nacional sigue siendo la institución de mayor confiabilidad por parte de los colombianos. Y actuará normativamente en la compleja misión de recuperar regiones en donde delincuencia globalizada, farc, eln y carteles multinacionales, durante ocho años, montaron sus imperios. Quien se equivoque en esta Misión, será castigado por el pueblo, más que por la descalabrada justicia colombiana
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