La Constitución no solamente proclama y busca la efectividad de los derechos, sino que establece deberes correlativos. Su artículo 95 advierte que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, y al enunciar, entre los deberes de la persona y del ciudadano, el que consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. 

Lo propio puede decirse de las facultades y atribuciones de las autoridades públicas, que deben ser ejercidas únicamente en los términos previstos por la Constitución y por la ley, con el objeto señalado en el artículo 2 de la Constitución: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Allí tampoco cabe el abuso, la arbitrariedad, la vulneración de los derechos, ni la violencia. 

En un Estado democrático, el ejercicio de los derechos y el uso de la libertad, tanto como el cumplimiento de las funciones propias de las autoridades, deben tener lugar dentro de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, y en el entendido de que todo abuso deslegitima.  

En estos días, a raíz de justificados reclamos que la ciudadanía viene formulando al Gobierno, los acontecimientos han rebasado todo límite y ya estamos en terrenos muy peligrosos, en que se ha llegado a desconocer principios, reglas y derechos. Ello puede desembocar en grave desinstitucionalización y conducirnos a lo que en el lenguaje común se denomina un “despeñadero”. 

En efecto, lo que comenzó el 28 de abril como justificada protesta pacífica, en que miles de ciudadanos -en uso de un legítimo derecho fundamental- manifestaron  justificado descontento con proyectos y políticas sociales de la actual administración nacional, fue degenerando en actos de vandalismo por parte de grupos violentos -deslegitimando la protesta-, y posteriormente en el uso abusivo y desaforado de la fuerza pública y de las armas (lo cual prohibió el Decreto 003 de este año), todo eso con lamentable  saldo de muertos, desaparecidos, obstrucción de vías y daño a bienes públicos y privados.  

Desde la razón y la legalidad, cabe solicitar al Gobierno que controle a sus subalternos, para poner fin a los excesos en el uso de la fuerza, que resguarde los derechos humanos, la libertad y el interés general. Y que proceda al diálogo, a la concertación y al acuerdo civilizado, para que cese esta horrible noche.