Imponer impuestos, como medio para obtener los recursos necesarios, es como tratar de inflar un costal o llenar un saco roto. 

El recaudo que se obtiene del tributo es una medida esencial, pero más importante y trascendental es el ejercicio del control al gasto público, al despilfarro, a la corrupción, a los contratos sin ejecutar y sin justificación alguna.

Los gastos innecesarios son el verdadero problema de nuestro país, no existe una política de control, las entidades son saqueadas sin compasión y los servidores públicos escalan “cargos importantes” para satisfacer su necesidad de grandeza y de riqueza, convirtiéndose en delincuentes criminales, depredadores de miles de millones y ahora de billones de pesos que deberían ser utilizados para generar progreso, calidad de vida y bienestar a los colombianos. 

De nada sirve imponer una reforma tributaria para beneficiar a los corruptos. La verdadera reforma debe ser la implementación de un ente de control  que vele por los recursos del Estado, que se encargue de revisar uno a uno los contratos, la necesidad de estos, los precios, la ejecución, la entrega, la calidad de los bienes y servicios adquiridos, la eficiencia y el impacto a la economía.

El correcto funcionamiento de la administración pública,  debe ser la prioridad del nuevo gobierno y  para ello, debe crearse una Unidad Especial de Control a la Contratación, que ejerza una verdadera y estricta vigilancia del gasto público.

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