Las empresas privadas que manejan el negocio de las pensiones están –como diría el gamín– bejucas por el éxito de Colpensiones. Basta con hacer una pequeña encuesta entre quienes tienen su ahorro en el fondo público y contrastar su satisfacción con quienes lo tienen con los privados. Estimamos que alrededor del 90% de los afiliados a fondos privados que están al borde de cumplir los requisitos para acceder a la pensión preferirían, en un todo por todo, estar en Colpensiones. Tal es la piedra de los dueños de este negocio que han resuelto emplear, como arma sucia contra la empresa estatal, la descalificación a esta y a sus directivos. Estos explotadores de los ahorros pensionales serían felices con que el Estado no se moviera y el negocio quedara pulpito para ellos, pero el nuevo presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se está moviendo y el negocio está rindiendo frutos, lo cual los tiene como alacranes en el desierto a punto de optar por la alternativa del escorpión, que no es otra cosa que terminar con la propia vida empleando medios propios, en este caso, el aguijón. Desde esta columna felicitamos a Dussán y a los miles de funcionarios de la entidad, pues hemos conocido de su eficiencia y del buen servicio que prestan a sus usuarios. Por estos días supimos de un trabajador que a las dos semanas de presentar sus papeles recibió la resolución por medio de la cual se le asignaba su pensión de vejez, un término expedito para un trámite que antes tomaba meses.

Nuestra constitución política consagra en su artículo 365, que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado. De conformidad a lo dispuesto en la carta magna, decimos entonces que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente  de estos servicios a todos los habitantes del territorio nacional. 

El arte de gobernar con sentido de sostenibilidad, más allá de la intrincada ideología, es una cuestión del momento, pero con visión de futuro… Mejorar el futuro de los pobres, asegura también la estabilidad de los ricos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de proferir sentencia que condena al Estado colombiano - “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”- por su responsabilidad en el genocidio cometido desde 1984 contra miembros, militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica (UP).