Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, dos jóvenes con un gran y prometedor futuro por delante, ahora le responden a la justicia y la sociedad colombiana. Considerados como los artífices del desfalco a Interbolsa no les quedó de otra que aceptar a cambio de rebaja de penas, tres de los delitos que se les imputan: (i) Manipulación fraudulenta de especie, delito definido por la Fiscal Ladino como aquella conducta punible que “se dio por el excesivo incremento de las acciones, derivado de la manipulación de los dineros de manera coordinada y engañosa”; (ii) Estafa agravada, que para la Fiscal Ladino está determinado en “todo un montaje ilegal para tratar de ocultar y manipular los dineros de los fondos, provenientes de los inversionistas. Además de hacer esa recolección masiva sin los permisos de las autoridades competentes”; y, (iii) Concierto para delinquir, porque los acusados se concertaron de común acuerdo, esto es, a sabiendas, para delinquir mediante el manejo indebido de recursos, es decir, se convirtieron en una empresa criminal.
Los delitos que no fueron aceptados por Juan Carlos Ortiz y Tomas Jaramillo fueron: (i) Captación ilegal, que la Fiscal Ladino describió como aquélla conducta según la cual se capta masiva y habitualmente dineros sin conocimiento de los socios, ya que según afirma la Fiscal, la captación masiva de ahorros del público debe estar vigilada por el Estado y es claro que ni Interbolsa, ni los fondos que Ortiz y Tomás Jaramillo crearon en Colombia, Panamá, Bahamas y Curazao –Fondo Premium entre otros- todos paralelos a esta firma comisionista de bolsa, tenían inspección y vigilancia estatal; y, (ii) No reintegro de los dineros, pues a la hora de las cuentas, según expresa la Fiscal Ladino “durante todo el proceso penal ninguno de los involucrados ha devuelto un peso de todo lo que captaron”.
Para la Fiscalía y la Procuraduría este ritmo de vida que llevaban los implicados hubiera seguido si no hubieran sido intervenidos, pues Ortiz y Jaramillo movían a su libre albedrío, millonarios recursos que bajo su confianza habían entregado 1.027 inversionistas. Se movieron como pez en el agua en el mundo financiero y se valieron de su prestigio y reconocimiento en la sociedad para hacer de los dineros de los ahorradores una vida personal “in crescendo”.
“Los comportamientos exteriorizados entonces resultan ampliamente censurables pues sin recato alguno y con persiguiendo fines egoístas de incrementar el patrimonio de unos pocos en sacrifico de los derechos de la comunidad, de los inversionistas y asociados han incurrido en las conductas punibles que se les indilgan”
Uno de los grandes beneficiados de esta empresa liderada por Ortiz y Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, se fue del país y el temor de la Fiscalía y la Procuraduría es que los demás también lo hagan.
