Opinion (2219)

La presunción de inocencia es principio esencial del Estado democrático y constitucional, en cuya virtud toda persona tiene derecho a que se la tenga por inocente mientras no exista un fallo judicial definitivo que declare la culpabilidad, tras un proceso justo, respetuoso del derecho a la defensa  y rodeado de la totalidad de las garantías consagradas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
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La función judicial es la más delicada de cuantas se ejercen a nombre del Estado. Se trata, ni más ni menos, de administrar justicia -piénsese en la hondura y el profundo significado del concepto-  para satisfacer una necesidad fundamental de la sociedad y de los asociados. Es una función pública de trascendencia máxima, en cuyo adecuado ejercicio están interesados todos, porque para todos es indispensable.
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En el Reglamento de la Corte Constitucional (Acuerdo número 5 de Sala Plena, del 15 de octubre de 1992) está plasmado el siguiente texto:
 
“Art. 84.- Prohibiciones a los magistrados.- Es prohibido a los magistrados conceder audiencias particulares o privadas sobre negocios que cursan en la Corte”.
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El reciente envío de mandos militares a La Habana tiene varias lecturas, como siempre, dependiendo del ángulo del que se mire.
 
En el ámbito técnico militar, es importante resaltar que hasta el momento a ningún comandante de la Línea de Mando se le ha ordenado peregrinar a la isla de los Castro. Se mantiene de esta manera la responsabilidad táctica y operacional de los comandantes de Fuerza, División y Brigada en la actual mermada ofensiva y se les reserva para cualquier posible traspié futuro que exija su desempeño operativo a fondo.
 
Quienes van a La Habana, son oficiales de apoyo a las funciones de Comando y Control a esa Línea de Mando. En todas las negociaciones previas con la organización terrorista, y en la actual, resalta la diferencia entre unos políticos-teorizantes y unos doctrinarios-gatilleros.
 
A un lado de la mesa, Jaramillo, el de las pobres divagaciones anfibológicas sobre la paz, no prestó servicio militar, ni entiende de oplología, ni de disparos; al otro lado, alias el “Sargento Pascuas” carga un AK-47 desde hace muchos años y mientras secuestra, extorsiona, dinamita, embosca, siembra minas y fusila “sapos”, recita con fanatismo religioso los manuales marxistas leninistas los cuales, con su ideología de odio -y el odio motiva tanto o más que el amor- le dan un falso valor moral y político a sus desafueros revolucionarios.
 
Los militares activos, a quienes expresamente se les prohíbe involucrarse en política, alternarán con estos terroristas que argumentan el “alto valor humanitario” y la ética de su barbarie, la culpabilidad de la oligarquía, del imperialismo yanqui y blablá, demagogia obcecada que puede inducir a los militares en alguna variedad de Síndrome de Estocolmo.
 
Estas romerías, entonces, serían un esfuerzo del gobierno de turno para aclimatar en las Fuerzas Militares, vía “humanización” del enemigo, el cese bilateral de fuego, otra de las maromas audaces que alista el gobierno de turno. Comparar el papel de los militares colombianos en las negociaciones con la guerrilla salvadoreña y guatemalteca falla en el contexto: no estamos en la guerra fría de entonces -aunque Gorbachov insiste que estamos en su reedición-, no existían redes sociales y ni el frente Farabundo Martí ni el Ejército Guerrillero de los Pobres derivaron en un cartel del narcotráfico.
 
Otra gran diferencia es que en Colombia, después de dos años y medio de incertidumbre, más del 85 % de los ciudadanos seguimos sin creerles a los discurseros.
 
En la isla, es probable que ante cualquier requerimiento de los generales sobre entrega de armas, desmovilización, áreas de concentración y temas afines, reciban como respuesta la expresión de moda, muestra del desprecio clasista por los soldados y policías: “usted, general, no sabe quiénes somos nosotros”.
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